El pasado 13 de abril de 2025, en el inicio de la Semana Santa, fue firmada la controvertida Ley 14 del 2025, conocida como «Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico». Como Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), consideramos fundamental analizar sus implicaciones para los derechos humanos y la convivencia social en nuestro país.
La libertad religiosa como derecho fundamental
La libertad religiosa constituye un pilar esencial en toda sociedad democrática y pluralista. Su protección garantiza que cada persona pueda profesar, manifestar y practicar sus creencias sin temor a represalias o restricciones arbitrarias. Coincidimos en que ninguna iglesia u organización basada en la fe debe ser discriminada por su afiliación religiosa.
Sin embargo, este derecho fundamental no debe traducirse en la imposición de creencias particulares ni en la vulneración de otros derechos, especialmente en espacios públicos como el sistema educativo o en el manejo de fondos gubernamentales.
Preocupaciones sobre la Ley 14 del 2025
La recién aprobada legislación presenta varios aspectos preocupantes:
1. Falta de límites claros para empleados públicos
La ley es excesivamente permisiva con las prácticas religiosas de funcionarios durante horas laborales. Si bien cada individuo tiene derecho a profesar su fe, cuando una persona actúa en representación del gobierno o ejerce funciones públicas, este derecho debería estar sujeto a ciertas restricciones para garantizar la neutralidad religiosa del Estado.
2. Desequilibrio entre expresiones religiosas y seculares
La legislación no establece un trato equitativo entre la expresión religiosa y la secular en escuelas y agencias públicas. Es fundamental que los espacios educativos y gubernamentales no se conviertan en entornos donde ciertas creencias reciban trato preferencial o donde estudiantes y ciudadanos sientan presión para participar en actividades religiosas.
3. Contradicciones internas
La ley establece que el Departamento de Educación y su personal no pueden promover actividades religiosas, pero simultáneamente señala que tampoco pueden impedir que el personal docente y no docente participe en ellas. Esta contradicción es problemática porque, en la práctica, la participación activa de docentes en actividades religiosas dentro del ambiente escolar constituye una forma de promoción indirecta.
Un proceso legislativo cuestionable
El trámite legislativo de esta ley ha evidenciado serias deficiencias democráticas:
- En el Senado, aunque se realizaron Vistas Públicas tras las denuncias de numerosas organizaciones, el informe positivo ignoró las preocupaciones planteadas y solo incorporó cambios de redacción.
- En la Cámara de Representantes, el proceso fue expedito, sin vistas públicas ni estudio adecuado, siendo la medida bajada a votación por descargue.
- En Fortaleza, la medida tampoco fue sometida a consulta amplia antes de su aprobación.
Ante esto, surgen interrogantes legítimas: ¿Cuáles son los problemas que esta ley pretende resolver? ¿Existe una urgencia real que justifique su aprobación acelerada? ¿Podría esta legislación, en lugar de solucionar problemas existentes, generar nuevos conflictos en nuestras escuelas y agencias públicas?
Postura del CPTSPR
Como Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, presentamos nuestras preocupaciones ante el Senado a través de un Memorial Explicativo, cuyas recomendaciones no fueron consideradas. Firmes en nuestros principios de justicia social, equidad y defensa de los derechos humanos, nos unimos a organizaciones comunitarias para señalar los riesgos que esta ley representa.
Estaremos vigilantes y evaluando el impacto de esta legislación en nuestra profesión y en la sociedad puertorriqueña, reafirmando nuestro compromiso con un Puerto Rico donde la libertad religiosa se ejerza en equilibrio con los demás derechos fundamentales, en un marco de respeto a la diversidad de creencias y convicciones.
El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico continuará defendiendo los derechos humanos y promoviendo políticas públicas que fomenten la equidad, la justicia social y el respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones.