El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico comparece ante la Comisión de Asuntos de Adultos Mayores y Bienestar Social para exponer el costo social de las obras públicas que afectan comunidades vulnerables en la isla.
Mediante un memorial explicativo dirigido al Hon. Ricardo Rey Ocasio Ramos, Presidente de la Comisión de Asuntos de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) presentó su posición oficial ante la Resolución de la Cámara 438. El documento articula, desde la perspectiva profesional del Trabajo Social, los riesgos humanos, comunitarios y ambientales que deben considerarse al evaluar proyectos de infraestructura pública en Puerto Rico.
El CPTSPR, institución fundada en 1940 y regida por los principios de justicia social, dignidad humana y democracia participativa, subraya que las obras públicas no son intervenciones neutras: transforman no solo el entorno físico, sino también la organización familiar, las redes de apoyo comunitario y la estabilidad emocional de quienes habitan los territorios intervenidos.
«El hogar no es solo una propiedad. Es un espacio de identidad, pertenencia y estabilidad emocional, especialmente en etapas avanzadas del ciclo de vida.»
Una crisis de vivienda que agrava el impacto
El memorial destaca que Puerto Rico atraviesa una crisis de vivienda asequible que limita severamente las opciones de reubicación para las familias que pudieran verse desplazadas por expropiaciones reales o potenciales. Los datos son contundentes:
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Existe una brecha de 54,915 viviendas asequibles y disponibles para personas con ingresos extremadamente bajos.
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Apenas hay 66 unidades asequibles por cada 100 hogares en esa categoría (NLIHC, 2025).
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El Índice de Vivienda Asequible se ubicó en solo 54% en 2024, lo que significa que una persona de clase media baja cuenta con apenas la mitad del ingreso necesario para calificar para una hipoteca.
Realidad demográfica y vulnerabilidad social
El documento hace énfasis en la particular vulnerabilidad demográfica de Puerto Rico: más de una quinta parte de la población tiene 65 años o más, y una proporción significativa de hogares depende de redes comunitarias cercanas para el cuido, la movilidad y la seguridad. El desplazamiento forzado, señala el CPTSPR, se asocia consistentemente con:
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Aumento en ansiedad y depresión.
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Deterioro de salud física.
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Ruptura de vínculos sociales.
Transparencia, participación ciudadana y ambiente sano
El CPTSPR también resalta que la incertidumbre sostenida generada por la falta de información clara genera estrés crónico y erosiona la confianza en las instituciones públicas. El Código de Ética Profesional del Trabajo Social establece el deber de garantizar el derecho de las comunidades a información comprensible y a procesos de participación genuina.
Desde la perspectiva ambiental, el Colegio advierte que el aumento de superficies de hormigón intensifica el efecto de isla de calor urbano, impactando de manera desproporcionada a personas mayores, niños y comunidades empobrecidas.
Recomendaciones del CPTSPR a la Asamblea
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Colocar el impacto humano y social en el centro del análisis ordenado por la Resolución 438.
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Reconocer el costo emocional, comunitario y ambiental de las decisiones de infraestructura pública.
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Garantizar procesos de participación ciudadana genuina e informada, accesibles para todos los sectores poblacionales.
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Evaluar alternativas que protejan tanto el ambiente como la dignidad humana, incluyendo manejo integrado de cuencas e infraestructura verde.
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Incorporar enfoques preventivos que reduzcan riesgos futuros y fortalezcan la resiliencia comunitaria.
El CPTSPR reconoce positivamente que la Resolución 438 contemple el análisis de manejo integrado de la cuenca y reafirma su compromiso de participar activamente en los procesos legislativos.
Lee el memorial explicativo aquí
Agradecemos a la profesional del trabajo social colegiada Susannah E. Kinard por su colaboración en la redacción de este escrito.