Las políticas implementadas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muchas de las cuales fueron reveladas antes de las elecciones en el documento conocido como Project 2025, representan un ataque directo contra los principios fundamentales que rigen la profesión del trabajo social. Estas políticas, respaldadas tanto por republicanos como por algunos demócratas, han sentado las bases para medidas que afectan gravemente a las comunidades más vulneradas. Entre estas políticas se encuentran:
- La criminalización de las personas migrantes y las órdenes de deportaciones masivas.
- La eliminación del reconocimiento de la diversidad de género y sexo, vulnerando aún más los derechos de la población sexo-género diversa.
- La cancelación de programas diseñados para salvaguardar derechos, especialmente en asuntos raciales, de género y migratorios.
- Las acciones que desestiman la crisis climática y privilegian a la clase más adinerada.
Estas medidas no son simples reformas, sino que parecen ser los cimientos de un Estado antiderechos, creando un ambiente de miedo, persecución, abandono y criminalización. Este panorama no solo es adverso, sino también violento para muchas comunidades, en especial para aquellas que históricamente han sido más vulneradas.
Como profesionales del trabajo social, no podemos ser espectadoras pasivas ante políticas que perpetúan la desigualdad, la opresión y atentan contra los derechos humanos. Nuestra profesión no tiene espacio para el racismo, la xenofobia, la lgbt+fobia, ni para ninguna forma de desigualdad y opresión. Por el contrario, se fundamenta en principios inquebrantables de justicia social y promoción de los derechos humanos.
Ante estas políticas, tenemos la responsabilidad ética-política de reafirmar nuestro compromiso con estos principios. No basta con conocer las implicaciones de estas medidas; debemos actuar colectivamente para mitigar sus efectos devastadores y proteger a quienes se ven más afectados.
Ahora, más que nunca, es crucial prepararnos para enfrentar estos desafíos. Desde nuestros escenarios laborales, podemos:
- Conocer los servicios disponibles en nuestras comunidades.
- Establecer redes de apoyo y fortalecer alianzas con entidades afines.
- Vincularnos gremial y colectivamente para reflexionar y actuar de manera conjunta.
La violencia estructural que traen estas políticas exige que nuestra labor se convierta en una línea de defensa clave para salvaguardar la dignidad y los derechos de quienes recibirán el mayor impacto. Lo que está en juego es invaluable: la vida, la dignidad y los derechos humanos. Como profesionales, tenemos el deber de resistir y actuar con determinación para proteger a las comunidades que más lo necesitan.
En el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social y los derechos humanos, y llamamos a la acción colectiva para enfrentar estos desafíos con solidaridad y determinación.
Si te interesa conocer sobre el trabajo de nuestra Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos accede aquí.